"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Menores
La Plataforma de Organizaciones de Infancia pide intensificar la protección a menores con discapacidad
En la Jornada "Menores con Discapacidad, ¿menores derechos?"
22/03/2012
El presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Alberto Soteres, destacó este jueves la recomendación del Comité de Derechos del Niño, encargado de aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, para intensificar los esfuerzos de protección a los niños, fomentar su participación, luchar contra la violencia infantil, así como garantizar un acceso inclusivo y un profesorado especializado.
Así lo manifestó durante la inauguración de la jornada "Menores con Discapacidad, ¿menores derechos?", organizada por el CERMI y la Fundación ONCE, con el objetivo de analizar el marco normativo que regula los derechos de los menores con discapacidad y las políticas públicas de inclusión, y de presentar las propuestas del movimiento asociativo para la mejora en la garantía de sus derechos.
Soteres habló de una realidad social que abarca a más de 3.500.000 de personas con discapacidad en España y, con respecto a los menores de 16 años, hizo referencia a que el número sobrepasa los 110.000.
Por su parte, la vicepresidenta del CERMI Mª Luz Sanz manifestó que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones que el resto, lo cual, indicó, “se agrava en las mujeres y niñas con discapacidad”.
En este sentido, solicitó que las necesidades de las familias que tienen hijos con discapacidad deben ser tenidas en cuenta para desarrollar la legislación vigente al respecto, y llamó la atención sobre la necesidad de una educación inclusiva y de una atención temprana, con el objetivo de que las personas con discapacidad dejen de ser dependientes y se conviertan en sujetos activos.
El subdirector general de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Félix Barajas, se refirió a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y a la obligación de los estados parte de ofrecer una protección especial a los derechos de los niños y, especialmente, a los niños con discapacidad, debido a su “doble vulnerabilidad”.
“Los menores gozarán de los derechos que les concede la constitución de sus derechos, sin discriminación alguna”, manifestó. Por ello, destacó el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (Penia) en el que está trabajando el Ministerio, el cual, según señaló, se adapta a los planteamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A través de esta iniciativa, anunció que los menores en riesgo, con discapacidad y en situación de exclusión serán objeto de tratamiento y atención desde un punto de vista transversal, de una manera específica, “por su doble vulnerabilidad”. Según explicó, “se trata de incorporar la discapacidad como elemento transversal en las políticas de protección a los menores ”.
Por último, el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, hizo referencia a la Convención de la ONU y sostuvo la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los niños y niñas con discapacidad del resto de menores.
Aproximación sociológica
El sociólogo y director de Intersocial, Agustín Huete, hizo una aproximación sociológica de los menores con discapacidad en España y habló de unos 170.000 menores de 0 a 5 años con discapacidad en España, según la última encuesta sobre Discapacidad del INE en 2008.
En este sentido, hizo referencia a las causas de los distintos tipos de discapacidad para los niños y niñas, y destacó los elementos perinatales (antes y después del parto), los elementos congénitos o los accidentes.
Asimismo, resaltó el hecho de que ha aumentado la detección y, por tanto, la prevención de las malformaciones congénitas, excepto las cardiopatías, las cuales, aseguró, “crecen”. También, llamó la atención sobre el “llamativo” descenso del síndrome de Down desde 1980. “Es un descenso lineal, y, si se mantiene, en 2040 no nacerían niños con síndrome de Down”, manifestó.
Además, mostró su preocupación por el retroceso existente en educación inclusiva, por la escasez de prestaciones y por el hecho de que el hogar en España sea la fuente principal de apoyos. También incidió en el descenso de la incidencia de los riesgos por causas congénitas y en las dificultades que existen para la medición y cualificada estadística en la población.
Regulación temprana
Por otro lado, la directora técnica de FIAPAS, Carmen Jáudenes, señaló, en la mesa redonda "El enfoque inclusivo en las políticas de atención a los menores con discapacidad", en el marco de la jornada "Menores con Discapacidad, ¿menores derechos?", que "la regulación y la universalización de la atención temprana es el termómetro de la madurez de las políticas sociales que desarrolla un país".
Para Jáudenes, "se trata de una cuestión de derechos", para lo que, según manifestó, "hacen falta cambios estructurales, así como una mayor coordinación para los apoyos, prestaciones y servicios, una mayor pluralidad, la formación de profesionales, más información y sensibilización o una evaluación continua y rigurosa".
Según Jáudenes, "sólo la mitad de los alumnos con discapacidad pasan de Primaria a Secundaria; aproximadamente, el 2% del alumnado con discapacidad llega a la FP; el 1% al Bachillerato, y el 3% de estudiantes con discapacidad cursan estudios superiores”.
En este sentido, consideró que "tenemos que dar un enfoque inclusivo a las organizaciones y, en términos de infancia, los niños y niñas con discapacidad tienen que tener una presencia activa y una opinión en juego".
Por otra parte, Belén Sáenz-Rico de Santiago, miembro de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, habló de los nacimientos prematuros y del incremento existente, de los cuales un 25 o un 30% generan una discapacidad. "Es una condición neonatal que lleva consigo una mayor cantidad de discapacidad y morbilidad", explicó.
Niñas con discapacidad y políticas de inclusión
Por su parte, la presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y comisionada de Género del Cermi, Ana Peláez, posicionó a las niñas con discapacidad como "objeto preferente" de las políticas públicas de inclusión, en el marco del II Manifiesto Europeo de las Mujeres con Discapacidad.
Principalmente, mostró su preocupación por la falta de garantía de derechos con respecto a los menores con discapacidad y, especialmente, en el caso de las niñas; al mismo tiempo alertó sobre la alta tasa de malos tratos en la infancia, haciendo, en este sentido, un llamamiento al respeto de sus derechos, dentro del principio de igualdad de oportunidades y a la lucha contra su discriminación, debido a su vulnerabilidad.
Entre otras medidas, planteó la incorporación, de manera transversal, del género y la discapacidad en todas las políticas públicas, la atención directa y temprana en las niñas con discapacidad, así como mejoras en el entorno comunitario para alcanzar la inclusión de este grupo.
